Fernández y Castillo Abogados emiten esta nota informativa con el fin de puntualizar las incoherencias del Ejecutivo Federal, enfatizando la desproporción en las medidas tomadas como de austeridad, afectando y violando los derechos laborales de los funcionarios públicos dependientes de este poder, pero sí satanizando a la iniciativa privada por tener la necesidad de ajustar jornadas de trabajo y salarios a sus empleados como consecuencia de la inestabilidad económica nacional por la pandemia de Coronavirus o COVID-19.
El Gobierno Federal a través de sus representantes, han emitido acuerdos y decretos incongruentes en los que están obligando al sector empresarial a absorber el impacto económico, pasando por alto las medidas de apoyo que el propio Estado debería de garantizar para la subsistencia de la iniciativa privada y los millones de empleos formales que genera.
El día 23 de abril del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, el cual fue emitido por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, entrando en vigor el mismo día de su publicación y que estará vigente hasta el día 31 de diciembre del 2020.
En este decreto se establece en particular el tema a tratar en esta nota informativa, y que nos permitimos citar a continuación:
….” I.- No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente”….
En el estudio del decreto, en específico en la fracción primera, ya señalada en el apartado que antecede podemos observar que el Gobierno Federal esta actuando de manera inconstitucional al disminuir el 25% del salario y suprimir el aguinaldo y demás prestaciones que tienen derecho a recibir los “altos funcionarios”, donde establece que van desde “Subdirectores hasta Presidente”.
Esto debido a lo establecido en el Artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, y que las prestaciones, como lo es el aguinaldo, será irrenunciable según lo establecido en la fracción I del precepto 127 constitucional.
No obstante de lo anterior, el Ejecutivo Federal pretende justificar estas medidas en principios como “eficiencia, honestidad, austeridad y justicia”, sin importarle la transgresión a los derechos laborales de los funcionarios públicos.
Entonces, después de este breve razonamiento, nos surge una duda medular en medio de la problemática de salud, económica y social que estamos viviendo hoy en día, y que seguramente usted también tendrá, y es ¿por qué el Gobierno Federal puede disminuir es salario de sus trabajadores en medio del estado de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, y al sector privado le impone una alta y onerosa carga al ordenar se paguen los salarios íntegros a sus trabajadores, aun cuando las fuentes de trabajo se encuentran cerradas sin producir o vender?
Sin duda, creemos que existe una disparidad en las acciones del Gobierno Federal en las decisiones y falta de planes coherentes para el sector público e iniciativa privada.
Por una parte, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador está transgrediendo los derechos laborales de los funcionarios públicos que se encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, pues la reducción de salarios y pérdida de prestaciones como aguinaldo establecidos en un decreto presidencial, deja a sus propios trabajadores en un estado vulnerabilidad, pues estas medidas de ser “voluntarias” no se establecerían en un decreto y menos aún se publicarían en el Diario Oficial de la Federación.
Así pues, por otra parte, el Gobierno Federal ha condenado públicamente a la iniciativa privada por el hecho de querer implementar medidas jurídicas ya establecidas, como lo previsto en los artículos 42Bis, 427 fracción IV y 429 fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, esto es, implementar el pago de la indemnización a los trabajadores, consistente en un salario mínimo general vigente por día de suspensión, sin que este pueda exceder de un mes.
De esta manera, se obliga a las Fuentes de Trabajo del sector privado a pagar a sus empleados sus salarios íntegros y el 100% de sus prestaciones, y se les coacciona a hacerlo, anunciando medidas de apremio como multas y clausuras a los patrones que incumplan con ello, no obstante de que las empresas catalogadas como no esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria se encuentren cerradas, con nula producción, venta de productos o servicios, lo que resulta en la imposibilidad de cualquier empresa de poder cumplir con sus obligaciones de manera ordinaria, teniendo como fin último, el cierre definitivo de los centros laborales, y despidos colectivos, mientras que el ejecutivo federal ha decidido que a los ‘altos funcionarios’ se les reducirá su salario no solo mientras dura la contingencia, sino hasta el 31 de diciembre próximo, sin que les sea pagado aguinaldo o cualquier otra prestación.
Las medidas adoptadas por el ejecutivo federal para trabajadores del sector público, resultan incongruentes con aquellas que el propio presidente ha manifestado para el sector privado; en Fernández y Castillo Abogados, consideramos de suma importancia que usted se encuentre debidamente informado y asesorado jurídicamente en las materias imprescindibles para el funcionamiento de su empresa, como lo son temas laborales, fiscales, administrativos, mercantiles y civiles, con el fin de que encuentre la mejor solución y estrategia para salvaguardar su patrimonio y fuerza laboral con la que cuenta.
ATENTAMENTE
FERNÁNDEZ Y CASTILLO ABOGADOS.
DEPARTAMENTO DE DERECHO LABORAL.